La economía mundial ha entrado en una etapa en la que el desarrollo sostenible ha dejado de ser una agenda meramente declarativa para convertirse en uno de los principales criterios de confianza hacia los Estados, las empresas y las instituciones financieras. En este contexto, los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ya no constituyen un elemento de imagen corporativa, sino un instrumento para evaluar la fiabilidad, la calidad de la gestión, el grado de desarrollo tecnológico y la competitividad a largo plazo.

Hoy en día, esta tendencia evoluciona de manera natural desde los compromisos voluntarios hacia requisitos cada vez más estrictos, como la divulgación de información no financiera, los informes climáticos, la verificación independiente, la regulación del carbono, el control de las cadenas de suministro y la lucha contra el greenwashing, es decir, la presentación infundada de actividades como ambientalmente sostenibles.

Resulta significativo que, según las estimaciones disponibles, los activos globales gestionados con criterios ESG superaron los 30 billones de dólares estadounidenses en 2022 y podrían alcanzar los 40 billones para 2030. Al mismo tiempo, la emisión de bonos sostenibles ascendió a aproximadamente 1,1 billones de dólares en 2025. Estos datos evidencian que el desarrollo sostenible se ha convertido en un componente integral de la infraestructura financiera mundial y ha dejado de ser un ámbito limitado de la política corporativa.

En este contexto, Uzbekistán está configurando su propio modelo de desarrollo sostenible, basado en sus prioridades nacionales. Para el país revisten especial importancia la seguridad hídrica y energética, la creación de empleo, la estabilidad social, el perfeccionamiento de la gestión de las empresas estatales, el fortalecimiento de la transparencia administrativa y el aumento del atractivo del país para la inversión.

La principal particularidad del enfoque uzbeko radica en que la agenda ESG no se desarrolla de manera fragmentaria, sino como parte de un amplio proceso de reformas impulsado bajo el liderazgo del Presidente de la República de Uzbekistán. La Estrategia «Uzbekistán–2030», la transición hacia una economía verde, los Objetivos Nacionales de Desarrollo Sostenible, la taxonomía verde, el sistema MRV (medición, reporte y verificación), la elaboración de informes ESG por parte de las empresas con participación estatal, el fortalecimiento de la protección social, el desarrollo de la mahalla y las medidas de lucha contra la corrupción conforman un marco coherente de política pública.

Una nueva etapa en la institucionalización de los principios ESG quedó consolidada mediante la Resolución del Gabinete de Ministros n.º 221, de 4 de mayo de 2026. Este documento establece las normas para la implementación de los principios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, la elaboración de informes ESG y la divulgación de información sobre sostenibilidad. De este modo, en Uzbekistán la agenda ESG deja de constituir únicamente un marco estratégico general para convertirse en un sistema concreto de aplicación, seguimiento y rendición de cuentas.

Por consiguiente, no se trata de un conjunto de iniciativas aisladas, sino de una nueva lógica de gestión pública. La economía debe ser no solo dinámica, sino también sostenible; las empresas estatales, no solo grandes, sino igualmente transparentes; la política social, no solo compensatoria, sino orientada al desarrollo; y la agenda ambiental, no solo centrada en la protección de la naturaleza, sino también con una clara dimensión económica.

El componente ambiental es, sin duda, el más desarrollado. Para Uzbekistán, dadas la escasez de recursos hídricos, la elevada vulnerabilidad al cambio climático, las consecuencias de la crisis del mar de Aral y la necesidad de modernizar el sector energético, la transición hacia una economía verde constituye una necesidad objetiva.

Los principales documentos estratégicos firmados por el Jefe del Estado establecen las prioridades de esta transformación ecológica: el desarrollo de las energías renovables, el aumento de la eficiencia energética, la introducción de tecnologías de ahorro de agua, la reducción de emisiones, la gestión y el reciclaje de residuos, la ampliación de las zonas verdes, la restauración de los ecosistemas naturales y la creación de un sistema de monitoreo de emisiones.

Como resultado, la política ambiental está dejando gradualmente de limitarse a la protección de la naturaleza para convertirse en un elemento esencial de la estrategia económica nacional. En un contexto en el que la huella de carbono se transforma en un factor determinante de la competitividad exportadora, la modernización energética, la reducción de las pérdidas de agua y el incremento de la eficiencia industrial adquieren una relevancia no solo ambiental, sino también macroeconómica.
Junto con la dimensión ambiental, el desarrollo sostenible de Uzbekistán incorpora un sólido componente social. Este comprende la reducción de la pobreza, la ampliación del empleo, el apoyo a las mujeres, la protección de los grupos vulnerables, el fortalecimiento de las mahallas, la mejora de la infraestructura y el aumento de la calidad de vida de la población.

Precisamente esta dimensión social otorga a las reformas un contenido humano. La transición ecológica no debe limitarse a la elaboración de informes ni al cumplimiento de indicadores técnicos, sino que debe situar a las personas en el centro de las políticas públicas, dado que las transformaciones en los sectores energético, hídrico e industrial pueden repercutir en el empleo, las tarifas, el acceso a los recursos y la estructura de los ingresos de la población.
Al mismo tiempo, la citada Resolución del Gabinete de Ministros consolida los principios ESG como un sistema integral en el que los indicadores ambientales se analizan en estrecha relación con los factores sociales y de gobernanza. La atención se centra no solo en las emisiones, la energía y el agua, sino también en la calidad de la gestión, las prácticas laborales, los riesgos para las partes interesadas, la transparencia de la información y la responsabilidad de la alta dirección.

La calidad de la gobernanza constituye el elemento clave para la eficacia de la agenda ESG. En las condiciones actuales, la confianza de los inversionistas depende no solo de los indicadores macroeconómicos, sino también de la transparencia institucional, la calidad del gobierno corporativo, la divulgación de información y la previsibilidad de la política estatal.

En este ámbito, Uzbekistán ha registrado avances significativos. Se están desarrollando sistemas digitales de monitoreo, indicadores clave de desempeño (KPI) para los organismos públicos, políticas anticorrupción, informes ESG de las empresas estatales y un sistema nacional de medición, reporte y verificación de indicadores climáticos y ESG destinados al registro de emisiones.

Particularmente relevantes son las transformaciones del sector público. En los últimos años se han logrado avances sustanciales en el fortalecimiento del atractivo para la inversión de las empresas con participación estatal. A finales de 2025, diecisiete empresas estatales habían obtenido calificaciones crediticias internacionales y siete de ellas contaban además con calificaciones públicas ESG. Ello refleja la transición desde un modelo administrativo cerrado hacia estándares internacionales de disciplina financiera.

En la práctica, el sector público se está convirtiendo en objeto de evaluación externa, rendición pública de cuentas y responsabilidad corporativa. Las calificaciones exigen transparencia en la divulgación de riesgos, disciplina financiera, estrategias claras y una mayor eficiencia en la gestión. A través de este mecanismo, los principios ESG dejan de ser un concepto teórico para convertirse en una práctica concreta de gobierno corporativo.

En esta lógica, la mencionada Resolución del Gobierno reviste una importancia fundamental. Establece que las empresas con participación estatal sujetas a procesos de transformación deberán aplicar las normas de elaboración de informes ESG a partir del 1 de julio de 2026 y preparar dichos informes conforme a los estándares de divulgación de información antes del 1 de noviembre de 2026.

A la luz de lo expuesto, pueden formularse las siguientes conclusiones:

En primer lugar, los principios ESG se están consolidando en Uzbekistán como un instrumento estratégico para la modernización del sector público y de la economía nacional. Su alcance trasciende la política ambiental y abarca la atracción de inversiones, la sostenibilidad social y la competitividad.

En segundo lugar, las reformas impulsadas bajo el liderazgo del Jefe del Estado están transformando el desarrollo sostenible de un conjunto de declaraciones en un sistema de gestión práctica. La rendición de cuentas, la economía verde, la política social, la transparencia y los estándares ESG pasan a formar parte de una arquitectura reformadora integral.

En tercer lugar, en la nueva economía mundial las ventajas competitivas corresponden a aquellos países que crecen de forma sostenible, transparente y previsible para los inversionistas. Precisamente en ello reside la oportunidad estratégica de Uzbekistán: convertir la sostenibilidad en un factor de confianza, atracción de capital y desarrollo a largo plazo.
En definitiva, para Uzbekistán los principios ESG no constituyen un eslogan impuesto desde el exterior, sino una lógica interna de desarrollo. Representan un mecanismo que permite vincular el crecimiento económico con la responsabilidad, la inversión con la confianza, las reformas con la mejora de la calidad de vida y los intereses nacionales con las exigencias de la nueva economía mundial.