Desde el año 1996, cuando se aprobó la ley de Propiedad Intelectual, esta ha ido sufriendo una serie de cambios y modificaciones que han ido endureciéndola cada vez más, todo bajo el dictado de los grandes generadores de contenidos sin tener en cuenta a los usuarios ni a los generadores de contenido que no son poderosos. Ya las políticas de la Unión Europea fue cerrando internet con filtros cada vez más opresivos y peligrosos.

Ahora, sin embargo, en España se da una vuelta de tuerca total ya que el gobierno de turno podrá controlar la red y las websites podrán ser cerradas sin autorización del poder judicial (jueces), por lo que estaríamos hablando de procedimientos administrativos no fiscalizados por la ley. PP, PSOE y Ciudadanos estaban a favor de este endurecimiento, que da un poder casi total al gobierno y la administración para actuar en el ciberespacio, hasta tal punto que podría generarse una inseguridad hacia los ciudadanos en la red por parte de un gobierno que pudiera actuar de forma discrecional, según su propio parecer, para ir censurando las websites.

Conociendo el poder lobbista de los grupos de protección de la propiedad intelectual, esto puede ser una puerta que permita la implantación progresiva, mediante la ventaja de Overton, de medidas de represión política castigando las webs disidentes. El sueño de toda dictadura postmodernista que ya se ha intuido mediante la política orwelliana (nefasta por cierto) en redes sociales como Facebook o Twitter.

La ley Sinde ya fue un paso adelante en esta política de represión y control del contenido en la red. Con esa ley la clausura de las websites o la eliminación de contenido en una página contaba con la autorización del Juzgado Central de los Contencioso Administrativo y, aunque, el juez era testimonial porque no podía verificar si el contenido denunciado era pirata o no, ahora ya el juez ha desaparecido del procedimiento, que es administrativo.

La fiscalización judicial desaparece tanto cuando la conducta sea reiterada como cuando el infractor, consciente de su fallo, retire ese contenido ya que se considerará como reiteración. Otra figura que desaparece es el intermediario (empresas como Google u operadores de telefonía, foros etc…) porque es donde se aloja este material que puede ser usado por los piratas, sin embargo, aunque no sean infractores y con esta nueva ley el gobierno y la administración pase por encima de ellos…deberán colaborar por obligación con el sistema o deberán asumir multas de hasta 600.000€.

Razón por la cual los filtros de seguridad para evitar piratería se han vuelto asfixiante, tanto que críticos musicales o de cine, en muchos casos, o artistas que han versionado otros trabajos han visto como sus trabajos han sido retirados por usar material con Copyright. (Foto: Wikipedia)

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