Nos encontramos con diversos términos, propuestos por expertos, sobre la situación en México. En algunos casos se habla de “insurgencia criminal” como apunta John Sullivan y otros a “narco-terrorismo” como sentencia el general de USA Barry McAffrey. Ambos términos me resultan, personalmente, insuficientes en el primer caso y erróneos en el segundo.

México no vive en un narco terrorismo puesto que la violencia desencadenada por el terrorismo tiene un origen ideológico y un fin político cosa que en el caso mexicano no existe por parte de los cárteles. Tampoco nos encontramos con una insurgencia criminal.

En México nos encontramos con la institucionalización de la violencia. Los actos de violencia y barbarie han ido permeando desde la clase delincuencial hasta la clase social entroncándose con la clase política y desde ahí llegando a todos los rincones del estado azteca.

La expansión de la violencia entre grupos de traficantes, cárteles e investigadores se convirtió en un intento, por parte del estado, de controlar la situación después de la vergonzosa situación en Ciudad Juárez.

Crimen organizado

La violencia vinculada a los grupos organizados y mafias comenzaron a usar la violencia desde los años 50 en México, conforme fue aumentando la rivalidad y las antipatías entre grupos aumentó el sadismo hasta alcanzar su culmen en los años 80, cuando los agentes del orden fueron puestos en el punto de mira así como la población civil para tratar de evitar la injerencias del estado en sus negocios.

Usando a la sociedad mexicana como escudo humano el estado miraba hacia otro lado mientras los grupos seguían combatiendo entre sí.

La colombianizacion de México se hizo efectiva y, con el paso del tiempo, sumió al país en una espiral que ha ido adquiriendo tintes cada vez más preocupantes que han ido involucrando cada vez a más segmentos sociales, entre ellos al propio estamento político-militar.

Incluso grupos policiales abandonaron su oficio de protección al ciudadano para, debido a los pingües beneficios, atacar a la población civil y controlar la droga.

Impunidad

México es uno de los países cuya tasa de impunidad delincuencial (80.4%/2010, siendo del 96.6% en Chihuahua) es más alta debido a la sobrecarga de casos de asesinato y otros delitos que abruma a la policía y a los servicios judiciales. Otra causa son los violentos métodos de contención de la delincuencia usada por el ejercito mexicano, que prefiere abatir a los sospechosos en lugar de detenerlos lo que corta de raíz el proceso judicial.

Hasta tal punto llegó esta situación que la administración Calderón, previa a Peña Nieto, aprobó y emitió unos protocolos de protección a las victimas y detenidos así como de la imposición de límites al uso de la fuerza. Dicho protocolo fue considerado incompleto por parte de las organizaciones de Derechos Humanos.

El número de muertos se estima en 26.121 personas clasificadas durante el gobierno de calderón y 6.109 desapariciones, lo cual constituye una tragedia nacional y una flagrante violación de los Derechos Humanos de los ciudadanos mexicanos, que se hayan atrapados en un fuego cruzado entre cárteles y el estado.

Todos estos datos versan de la época de Calderón que se vio obligado, ante las abrumadoras y también mediáticas cifras de muertos, a dejar de publicar los registros de victimas de la delincuencia, publicación que se reanudó al inicio del mandato de Peña Nieto.

Rápidamente se decidió clasificar a las victimas como “ejecutados”, lo cual culpabilizaba a la victima de su muerte al considerar, o dejar entrever, que esta participaba de alguna manera en actividades ilícitas. Con el paso del tiempo varios movimientos ciudadanos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad remarcó que no todas las victimas eran delincuentes o miembros del estado en su lucha contra el crimen (véase jueces, policías, fiscales o abogados), sino que entre las victimas también habían ciudadanos normales.

La socialización de la violencia, que llevaba implantada durante años en México y que fue in crescendo generó una respuesta social pacífica en un primer momento y más tarde armada.

Peña Nieto

Peña Nieto se ha encontrado un país en creciente desarrollo económico dentro de los parámetros latinoamericanos, con una economía bastante expansiva y que comienza a abrirse paso, lo cual es una ventaja para el país, pero aún así Enrique Peña Nieto ha heredado un avispero.

El caso de los estudiantes normalistas secuestrados y asesinados y los problemas para hallar sus cuerpos, la cantidad de fosas comunes encontradas revelan un problema cuyas raíces y ramas son enormes y ha puesto los ojos del mundo en ese caso, fiscalizando cada uno de los movimientos del gobierno en este asunto así como ir desvelando las conexiones entre unos y otros.

El caso de los estudiantes así como el de Ciudad Juárez en su día han escandalizado al mundo y generado una amplia respuesta internacional y han marcado un punto de inflexión en la lucha contra la violencia en México.

El temor a la respuesta violenta de los normalistas (grupo estudiantil del cual han salido varios guerrilleros) y las protestas, que se tornaron violentas con ataques a edificios del gobiern,o revelan el hartazgo de una sociedad que se ha cansado de ver la inactividad del gobierno a la hora de combatir una violencia salvaje, con tintes de guerra de clanes medieval, mientras el estado, que debería protegerles, mira hacia otro lado al mismo tiempo que lanza mensajes temerosos para tratar de ganar tiempo y esperar que la tormenta amaine.

El riesgo de un conflicto social a tres bandas entre gobierno, grupos sociales y cárteles se hace cada vez más cercano, la sombra de disturbios generalizados podría llegar al país azteca si se sigue en esta situación y no se toman las medidas políticas suficientes para parar esta debacle que resta a México credibilidad dentro y fuera de las fronteras.

Tanto es así que ya han aparecido grupos de autodefensa.

Una visión del narcotráfico en México

México comenzó su carrera en el narcotráfico mucho antes que los colombianos, la única diferencia entre unos y otros fue que durante muchos años México se dedicó a la exportación de pequeñas cantidades de droga a Estados Unidos mientras que los colombianos tuvieron la idea de crear una organización internacional y transnacional que estuviera por encima del propio estado de Colombia.

Para llevar a cabo tamaña empresa debieron contar con los grupos que controlaban tramos de las rutas de exportación y, una de esas rutas, estaba controlada por los mexicanos. Con el paso del tiempo los intermediarios mexicanos decidieron copiar los métodos de los cárteles colombianos que, ya a mediados de los noventa, estaban lo suficientemente débiles como para no poder luchar.

En ese momento los métodos de los cárteles mexicanos entraron en una espiral de violencia, pero antes de nada hay que comprender la visión del narcotráfico en México que tiene una visión transnacional por la cual su organización esta entroncada con la organización del contrabando, de modo que la producción de la droga esta destinada al comercio ilícito para satisfacer la demanda estadounidense.

El narcotráfico mexicano es solo la mitad del negocio, ya que el corazón de la organización ilegal mexicana está en Estados Unidos y de este país reciben su financiación y armas (todas las armas que lucen los miembros de los cárteles son de fabricación estadounidense. Para el ejercicio de estas actividades nos encontramos con la figura de la corrupción, la relación entre estado y narcotráfico se convirtió en el eje del comercio ilícito de estas sustancias.

Rápidamente se inició un proceso de regulaciones prohibitivas encaminadas a acabar con el comercio ilícito de frontera entre los dos países pero el estado, que combatía a su manera la situación, no lograba mantener el orden y la seguridad de otra manera que no fuese, a veces, con la subordinada colaboración de los empresarios ilegales.

Situación social

Durante los años ochenta, denominados los años de la deuda, un gran sector de la población mexicana se vio abocada a una situación de desempleo o de precariedad laboral que hundió la economía mexicana que decidió no imponer excesivos controles para la entrada de dinero del país, dando prácticamente igual la naturaleza lícita o ilícita del mismo.

Dicha situación desembocó en una ola de inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos sin precedentes que ayudó a los carteles a diversificar sus fuentes de financiación con el tráfico de personas.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México fue una ligera brisa de aire fresco que permitió una ligera mejora económica que se hizo, en cambio, muy poco palpable entre la población en precariedad laboral, convirtiéndose el sector afectado por la crisis económica en un vivero de trabajadores para la industria ilegal de la droga. Esta crisis vino muy bien a los empresarios ilícitos ya que permitió la diversificación de actividades ilícitas. Previamente la participación ciudadana en el negocio se limitaba a los jornaleros pero ahora:

• Extorsión;
• Secuestros;
• Robos;
• Asesinatos;
• Prostitución;
• Lavado de dinero;
• Piratería.

La introducción de un mayor número de personas en el negocio obligó a las organizaciones a reestructurarse para poder integrar a todos los nuevos «miembros» y darles a cada uno una actividad con la cual ayudar a financiar la organización.

El tamaño de las organizaciones se hizo tan grande que logró introducirse entre los resquicios de la política que, ya en los años ochenta cuando los cárteles se hacen realmente grandes, necesitan invertir una parte cada vez mayor de su presupuesto en la compra de protección política para mantener el amparo de sus protectores locales.

El dinero derivado de las actividades de la droga a generado una subclase social dependiente de los traficantes que se ha visto envuelta en la guerra por el control del mercado. La fragmentación de los cárteles y la proliferación de los mismo les ha llevado a una guerra abierta por el control de la producción, el mercado y las rutas.

Dicha guerra, silenciosa al principio, fue calando y afectando cada vez más a la estructura de la organización mientras el estado mexicano prefería mirar hacia otro lado. Una vez la violencia llegó a las capas sociales vinculadas al narcotráfico la violencia se generalizó y, como en las guerras de corte feudal de la edad media europea, los traficantes, que protegían sus territorios y a sus «siervos», decidieron golpear con más fuerza cada vez, haciendo de la violencia y de cada ataque un mensaje hacia el enemigo.

Ante tal situación el estado, debilitado y fragmentado, decidió tomar cartas en el asunto usando al ejercito para reintegrar esos territorios al estado y volveros a integrar en el Estado de Derecho para poder pacificarlos, pero los elementos de corrupción de los cárteles habían llegado tan adentro del sistema político que aún México está en proceso de reacción para acabar con la lacra de la violencia derivada del narcotráfico. (Foto: Wikipedia)

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