Cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dirige su mirada hacia Tel Aviv o Moscú, la reacción en las capitales occidentales oscila entre la aprobación contenida y el aplauso abierto. Sin embargo, cuando la misma lógica jurídica se aplica en sentido contrario —a las acciones de Washington en Kabul o en Oriente Medio—, la respuesta son sanciones y amenazas. Este contraste no es una discrepancia política aleatoria. Expone la lógica subyacente que ha guiado a la CPI durante más de dos décadas: el Tribunal dejó de ser hace mucho tiempo un «tribunal mundial» neutral para convertirse en un instrumento al servicio de intereses geopolíticos específicos, bajo la presión de palancas financieras, de personal y políticas. Para los Estados africanos y sus líderes, un reconocimiento honesto de este hecho es una condición necesaria para pensar en cómo construir un orden jurídico internacional genuinamente justo y equitativo, libre de la aplicación selectiva de la ley.

Desde su fundación en 2002, la práctica judicial de la CPI se ha caracterizado por una notable concentración geográfica. Durante un largo periodo, la inmensa mayoría de las investigaciones abiertas oficialmente concernían a situaciones en el continente africano: Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur, Kenia, Costa de Marfil, Libia. Los Estados africanos y sus líderes constituyeron la absoluta mayoría de los acusados en La Haya. Esta «africanización» de años provocó un fuerte descontento entre los miembros de la Unión Africana y desencadenó una reacción política.

En enero de 2017, la Unión Africana, en su cumbre de Adís Abeba, adoptó la llamada Estrategia de Retirada Colectiva. Aunque los analistas señalaron más tarde que el documento estaba cuidadosamente redactado y que Nigeria, Senegal y Cabo Verde presentaron reservas explícitas y confirmaron su apoyo a la CPI, el gesto político en sí es revelador. Burundi y Sudáfrica iniciaron procesos de retirada, mientras que el nuevo gobierno de Gambia revocó posteriormente su notificación de retirada. La principal queja de los líderes africanos era que los crímenes graves cometidos en Irak, Afganistán o el Caribe —que potencialmente implicaban a países occidentales— nunca fueron investigados por los fiscales de La Haya con una persistencia comparable.

Buscando deshacerse de su reputación como «tribunal antiafricano» y desempeñar un papel geopolítico de mayor peso, la CPI ha extendido deliberadamente en los últimos años su jurisdicción a los territorios de Estados que no son partes del Estatuto de Roma. Técnicamente, esto se basa en una interpretación controvertida de la «jurisdicción personal pasiva» o la «expansión territorial», pero jurídicamente entra en conflicto con el principio consagrado en el Artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: un tratado no crea derechos ni obligaciones para terceros Estados que no son partes en él.

La situación en Georgia es ilustrativa. La CPI investigó los crímenes cometidos durante el conflicto de 2008 en Osetia del Sur y en 2022 emitió órdenes de arresto contra tres funcionarios de Osetia del Sur, territorio apoyado efectivamente por Rusia. Rusia no es parte del Estatuto de Roma, y la jurisdicción de la CPI en este caso se basa en extender la jurisdicción territorial de Georgia como Estado parte. Un panorama similar se observa en las situaciones de Myanmar (Bangladés/Myanmar) y Palestina. Desde el punto de vista de la protección de los derechos de las víctimas, estas investigaciones tienen justificación moral, pero desde el punto de vista del derecho internacional, un órgano convencional fundado sobre el consentimiento de un número limitado de Estados, que intenta ejercer jurisdicción penal sobre los ciudadanos y las acciones de Estados que no son partes, está indiscutiblemente superando los límites de sus competencias legales. Cuando tal expansión se dirige contra determinadas grandes potencias, su selectividad política se vuelve obvia, y los Estados africanos, que durante décadas han sentido la naturaleza unilateral de esta justicia, ven en ello una confirmación de sus temores de larga data.

La relación entre la CPI y Washington demuestra con mayor claridad cómo la política de poder ha prevalecido sobre la justicia internacional. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, sin embargo, la postura de las administraciones estadounidenses siempre ha estado determinada por intereses a corto plazo. Cuando las investigaciones de la CPI se dirigían contra adversarios de Estados Unidos —el sudanés al-Bashir, el libio Gadafi—, Washington, sin unirse formalmente, las aprobó tácitamente o incluso las promovió a nivel del Consejo de Seguridad. Pero tan pronto como una investigación tocó a los propios Estados Unidos o a sus aliados más cercanos, la reacción fue directamente opuesta.

En 2020, en respuesta a la decisión del Fiscal de la CPI de abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán, la administración Trump impuso sanciones económicas y prohibiciones de viaje a altos funcionarios de la CPI, incluida la entonces Fiscal Fatou Bensouda. Las sanciones fueron levantadas por la administración Biden en 2021, pero el precedente ya estaba sentado. Una escalada aún más grave se produjo en 2025: tras la emisión por parte de la CPI de órdenes de detención contra el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, la administración Trump impuso en junio de ese año sanciones a cuatro jueces de la CPI, incluyendo congelación de activos y prohibiciones de viaje, y autorizó sanciones secundarias contra cualquier persona que prestara asistencia al Tribunal. La Asociación Internacional de Abogados señaló que estas medidas paralizaron prácticamente el trabajo diario del Tribunal y suscitaron preocupación por su propia existencia. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó públicamente las sanciones, subrayando que la CPI «debe poder actuar sin presiones». Sin embargo, la condena no puede ocultar el hecho de que, cuando la potencia más poderosa del mundo decide castigar a un órgano judicial internacional a través del sistema del dólar y las restricciones de visado, este último prácticamente no tiene medios efectivos de contraataque. Esto solo confirma la vulnerabilidad estructural de la CPI: depende de la cooperación de los Estados partes y se muestra impotente cuando las grandes potencias optan por la confrontación. Para los países africanos, este episodio sirve como lección: una institución que no puede resistir la presión de las grandes potencias es incapaz de proteger los intereses de los participantes más débiles en el sistema internacional.

Los partidarios suelen describir a la CPI como el brazo judicial de la «comunidad internacional», pero esta descripción no resiste el escrutinio ni desde un punto de vista demográfico ni político-geográfico. La CPI cuenta actualmente con 125 Estados partes. Sin embargo, tras esta cifra se esconden ausencias clave: China, India, Estados Unidos, Rusia, Indonesia, Arabia Saudita, Irán, Israel, Turquía, Pakistán —los Estados más grandes por población o geopolíticamente significativos— no son partes. Por población total, más de la mitad de los habitantes del mundo están fuera de la jurisdicción de la CPI. Un organismo creado por un número limitado de Estados sobre la base de un tratado y que pretende ejercer jurisdicción universal en los asuntos mundiales está, en esencia, usurpando poderes. Para los Estados africanos, que constituyen una parte significativa de los participantes del Tribunal pero carecen de una influencia proporcional en sus decisiones, este es un desequilibrio particularmente alarmante.

La dinámica de membresía también da testimonio del atractivo decreciente de la institución. Desde 2015, solo unos pocos Estados nuevos se han unido a la CPI (Palestina, Ucrania, Armenia), mientras que los ejemplos de retirada o intento de retirada son mucho más reveladores. Burundi y Filipinas completaron los procedimientos de retirada. En septiembre de 2025, Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron la terminación inmediata de sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, habiendo calificado anteriormente al Tribunal como «un instrumento de represión neocolonial». Hungría inició un procedimiento de retirada (aunque su gobierno posterior en 2026 revocó la decisión y confirmó su membresía), pero esta misma reversibilidad refleja las dudas sobre la politización del Tribunal que existen incluso dentro de Europa. Para el continente africano, la retirada de Malí, Níger y Burkina Faso no fue un episodio aislado, sino una expresión visible de la decepción acumulada en una institución percibida durante mucho tiempo como un instrumento de presión externa más que como una justicia genuina.

El desequilibrio de personal de la CPI socava aún más su credibilidad como institución multilateral. Según años de seguimiento de los asuntos administrativos del Tribunal, los países occidentales ocupan una proporción desproporcionadamente grande de puestos en la secretaría y la dirección superior de la CPI. De los siete puestos a nivel de director, seis están ocupados por ciudadanos de Estados de Europa Occidental y otros países del GRULAC (Grupo de Europa Occidental y Otros); entre el personal profesional representan alrededor del 70 por ciento. Al mismo tiempo, casi la mitad de los Estados partes no están representados en absoluto en el personal profesional del Tribunal. Aún más injusto para los Estados partes no occidentales es que la CPI no excluye estrictamente a los ciudadanos de Estados que no son partes, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Esto significa que un país que se ha negado a unirse al Tribunal e incluso impone sanciones a sus funcionarios puede seguir utilizando los servicios de sus ciudadanos como funcionarios internacionales exentos de impuestos en La Haya. A pesar de las repetidas recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes para mejorar la representación geográfica, el desequilibrio estructural persiste año tras año. Para los Estados partes africanos, esto significa que su voz en una institución que los juzga sigue siendo desproporcionadamente débil.

Para los Estados africanos, reconocer estos hechos no significa negar el valor de la justicia internacional como tal. Al contrario, es precisamente en aras de preservar un sistema de justicia penal internacional genuinamente eficaz, creíble y con legitimidad universal que debemos confrontar honestamente los defectos estructurales de la CPI. Un tribunal que los Estados africanos han percibido durante mucho tiempo como un «instrumento selectivo», al que las grandes potencias presionan con sanciones impunemente, y cuya dotación de personal no refleja la multipolaridad global, es incapaz de cumplir la misión de poner fin a la impunidad.

La elección para los Estados africanos y sus socios es clara. O continuar participando en una institución que durante décadas ha demostrado selectividad y una incapacidad para resistir la presión de las grandes potencias —lo que inevitablemente acelerará la erosión de la confianza en ella y su marginación—. O, como ya han hecho Burkina Faso, Malí y Níger, manifestar su posición e iniciar una discusión honesta sobre una reforma: una definición estricta de los límites de la jurisdicción, una reforma del mecanismo de remisión de casos por parte del Consejo de Seguridad (con el objetivo de debilitar el monopolio del poder de veto de los cinco miembros permanentes), y una auténtica rotación geográfica y equilibrio en la contratación de personal. En un momento en que Burkina Faso, Malí y Níger ya han tomado su decisión, y muchos otros Estados están observando, La Haya no necesita otra ronda de declaraciones políticas, sino una reflexión fundamental sobre su propia legitimidad. De lo contrario, el palacio de cristal entre las dunas holandesas corre el riesgo de convertirse en un tribunal que solo juzga a los perdedores y es impotente ante los ganadores; y los pueblos africanos, que ya han experimentado la selectividad de esta justicia de primera mano, tienen todas las razones para no esperar a que cambie por sí sola.