Tres mitos y un balance: por qué el «socio marroquí» es el problema, y el Rif la solución
Por Ridouane Oussama, presidente del Partido Nacional Rifeño (PNR). El 30 de julio de 2026, Ceuta vivió en cuarenta y ocho horas lo que ninguna frontera europea debería vivir jamás: decenas de miles de personas —las estimaciones oscilan entre 50.000 y 72.000— lanzadas contra el perímetro fronterizo, con un balance de víctimas mortales que las fuentes sitúanseccion110 y 135.

Los análisis discrepan sobre el grado de premeditación, pero convergen en lo esencial:

Semejante movimiento no se produce contra la voluntad del aparato de seguridad marroquí. Se produce con su pasividad calculada, cuando no con su concurso.

Digámoslo con claridad: Ceuta no es una crisis migratoria, es un arma de Estado. Y un Rif libre es la única garantía estructural de que no se repita.

Pero para entender por qué, hay que desmontar primero los tres mitos sobre los que descansa, desde hace décadas, la política española y europea hacia Rabat. Tres mitos que cada crisis desmiente y que cada gobierno español, sin embargo, vuelve a suscribir.

Primer mito: la estabilidad marroquí

El argumento central del apaciguamiento es siempre el mismo: Marruecos es un islote de estabilidad en una región convulsa, y esa estabilidad hay que preservarla a cualquier precio. Es el mito fundacional de toda la relación.
La realidad es otra. Un régimen estable no necesita convertir a su juventud en proyectil diplomático. Un país estable no ve a siete de cada diez de sus jóvenes declarar, encuesta tras encuesta, que su único proyecto de vida es marcharse.

Las imágenes de Ceuta —en 2021 como en 2026— no muestran un Estado que controla sus fronteras: muestran un pueblo que aprovecha la primera rendija para huir. Cuando el régimen «abre las compuertas», no fabrica el caudal; simplemente deja de contenerlo. El caudal existe permanentemente, alimentado por la desesperanza de todo un pueblo — y esa es la verdadera radiografía de la «estabilidad» marroquí.

Lo que Occidente llama estabilidad es, en verdad, silencio. El silencio de las cárceles llenas tras el Hirak del Rif de 2016-2017, cuando la única respuesta del Estado a unas reivindicaciones sociales pacíficas —un hospital oncológico, una universidad, trabajo— fueron centenares de detenciones y condenas de hasta veinte años de prisión. El silencio de una prensa domesticada y de periodistas encarcelados. El silencio de una región entera, el Rif, bajo estado de excepción militar de facto desde 1958.

Confundir el silencio con la estabilidad es un error analítico. Apostar la seguridad nacional española a ese error es una temeridad. Los sistemas que reprimen toda válvula de expresión no son estables: son olas que aún no han roto. Y cuando rompa —porque la historia enseña que siempre rompe—, España descubrirá que había hipotecado su política magrebí a un régimen sin más plan de sucesión que la represión, con catorce kilómetros de mar por todo cortafuegos.

Segundo mito: el socio leal

El segundo mito presenta a Marruecos como socio confiable de España y de Europa. Los hechos dibujan el retrato exacto de lo contrario: el de un Estado que ha hecho de la injerencia en los asuntos internos europeos una política sistemática.

La pieza central de ese dispositivo es religiosa. A través de su Ministerio de Habices y de fundaciones pantalla, Rabat financia, controla y encuadra una parte sustancial de las mezquitas de España, Bélgica, Países Bajos y Francia: nombra o valida imames, dicta los sermones del viernes, y convierte lugares de culto en terminales de influencia de un Estado extranjero.

Los servicios de inteligencia neerlandeses y belgas llevan años documentando este «brazo largo» de Rabat sobre su diáspora: vigilancia de opositores, presión sobre las familias, encuadramiento comunitario. Los ciudadanos europeos de origen marroquí o rifeño son tratados por Rabat como súbditos perpetuos, y las instituciones que deberían servir a su vida espiritual funcionan como instrumentos de control político — incluida la capacidad de orientar comportamientos electorales de comunidades enteras en municipios donde su peso demográfico es decisivo.

Que un Estado extranjero disponga de semejante palanca dentro del cuerpo electoral de las democracias europeas debería ser un escándalo permanente. Es, en cambio, un tabú.

A ello se suman los episodios que ya conoce toda Europa: el espionaje masivo mediante el programa Pegasus, que alcanzó —según revelaciones periodísticas nunca desmentidas de forma convincente— hasta el teléfono del presidente del Gobierno español; y el escándalo de corrupción del Parlamento Europeo destapado en 2022, en el que Marruecos aparece señalado como uno de los Estados compradores de voluntades en el corazón de la democracia europea.

¿Qué otra potencia que espía al presidente del Gobierno, compra eurodiputados e instrumentaliza mezquitas en suelo español seguiría siendo llamada «socio estratégico»? La pregunta se responde sola. La injerencia no es una anomalía de la relación hispano-marroquí: es su naturaleza.

Tercer mito: el guardián de la frontera sur

El tercer mito es el más rentable para Rabat: Marruecos como gendarme indispensable de la frontera sur de Europa, dique frente a la migración irregular y al terrorismo, merecedor por ello de fondos europeos, concesiones políticas y silencio sobre sus crímenes.

Ceuta 2021 y Ceuta 2026 han demostrado la verdad de ese contrato: el guardián es la amenaza. Europa paga a Marruecos para protegerse de un arma cuyo gatillo está en manos de Marruecos. Es el modelo de negocio de la extorsión: el mismo actor fabrica el peligro, administra el peligro y cobra por conjurarlo. Cada pago europeo no compra seguridad; compra la próxima demostración de fuerza, porque enseña a Rabat que el chantaje rinde.

El giro español de 2022 sobre el Sáhara Occidental, presentado como el precio definitivo de la estabilidad, compró exactamente cuatro años de tregua.

Un dique que se abre a voluntad de quien lo administra no es un dique: es una compuerta. Y una frontera cuya seguridad depende del humor de un régimen autoritario no está protegida: está hipotecada.

El balance de seguridad: la prueba de los hechos
Queda el argumento supuestamente definitivo: la cooperación antiterrorista. Es aquí donde el contraste entre el discurso y los resultados resulta más doloroso, y donde conviene hablar con precisión, porque las víctimas merecen verdad y no eslóganes.

Los atentados más graves sufridos por Europa occidental en este siglo llevan, de forma recurrente, la huella de redes con origen en el espacio controlado por Rabat: Madrid 2004, con cerca de doscientos muertos, obra de una célula mayoritariamente de origen marroquí; los ataques de París 2015 y Bruselas 2016, articulados en torno a redes belgo-marroquíes de Molenbeek; Barcelona y Cambrils 2017, perpetrados por una célula dirigida por un imán marroquí, Abdelbaki es Satty, de quien la prensa española reveló después contactos previos con los servicios de inteligencia — sin que las preguntas planteadas por aquella revelación hayan recibido jamás respuesta pública completa.

Seamos categóricos sobre lo que esto no significa: no es un juicio sobre los marroquíes, que son las primeras víctimas del régimen que los gobierna y, después, del estigma que estos crímenes proyectan sobre ellos en Europa.

Reducir el problema al origen de los terroristas sería tan injusto como analíticamente estéril.

Lo que esto significa es otra cosa, y es demoledor para el mito del socio: si el régimen marroquí controlara realmente el campo religioso como afirma —y lo controla: ningún imán oficia en su red de mezquitas sin su visto bueno—, y si su cooperación de inteligencia fuera lo que proclama, ese historial sería inexplicable. Solo caben dos lecturas, y ambas condenan el partenariado: o bien el aparato marroquí es incapaz de prevenir la radicalización que germina en los espacios que administra —y entonces el «socio antiterrorista indispensable» es un mito—, o bien tolera y capitaliza esa amenaza como un activo diplomático más, del mismo modo que capitaliza la migración —y entonces es algo peor que un mito. En ambos casos, la seguridad europea descansa sobre un contratista que cobra por un servicio cuyos resultados desmienten el contrato.

El balance del partenariado: objetivos contra resultados

Juzguemos el «partenariado estratégico» euro-marroquí como se juzga toda política: por sus resultados frente a sus objetivos declarados.
Objetivo: contener la migración irregular. Resultado: dos usos masivos del arma migratoria contra Ceuta en cinco años, con miles de fondos europeos entregados entretanto. Objetivo: garantizar la seguridad. Resultado: el historial descrito, más el espionaje del propio Gobierno español. Objetivo: anclar la estabilidad regional. Resultado: un vecindario más tenso que nunca, una carrera armamentística con Argelia y una región, el Rif, convertida en polvorín por la represión. Objetivo: promover reformas y derechos humanos. Resultado: centenares de presos políticos del Hirak, periodistas encarcelados y una diáspora vigilada en suelo europeo.

No hay una sola métrica del partenariado que arroje saldo positivo para Europa. Todas arrojan saldo positivo para el régimen. Un contrato en el que una parte incumple sistemáticamente todas sus obligaciones mientras cobra puntualmente todas sus contrapartidas no es un partenariado: es un tributo.

La alternativa rifeña

Frente a este balance, la cuestión rifeña deja de ser un asunto sentimental o histórico para convertirse en lo que es: la única alternativa estratégica real que la geografía ofrece a España.

Un Rif dueño de su destino invertiría término a término la ecuación descrita. Donde el régimen marroquí fabrica emigración mediante la marginación deliberada, un Estado rifeño tendría como interés vital fijar a su población mediante el desarrollo — porque ningún Estado joven sobrevive a la hemorragia de su juventud.

Donde Rabat instrumentaliza las mezquitas europeas, un Rif democrático, heredero de un islam popular ajeno a la maquinaria de los Habices, no tendría ni la voluntad ni el aparato para semejante injerencia. Donde el «guardián» chantajea, un vecino cuya credibilidad internacional naciente dependería por entero de su fiabilidad cooperaría lealmente en la gestión fronteriza y donde Marruecos mantiene la reivindicación de Ceuta y Melilla como política de Estado permanente.

Conviene decirlo sin ambigüedad: la causa rifeña no arrastra ninguna reivindicación sobre las dos ciudades españolas. Un Rif independiente sería el primer Estado de la ribera sur sin contencioso territorial con España.

El derecho internacional, además, distingue con precisión: el Rif no es una región secesionista cualquiera, sino un territorio con una historia estatal propia —la República del Rif proclamada en 1921—, incorporado a un marco poscolonial que nunca contó con el consentimiento de su población, y cuya situación analizan hoy juristas de prestigio internacional bajo las categorías más graves del derecho de gentes. España, antigua potencia protectora del norte de Marruecos, no es un espectador de esta cuestión: es parte de su historia y, por tanto, de su solución.

Elegir el problema correcto

Los realistas objetarán que apoyar la autodeterminación rifeña tensaría la relación con Rabat. Es cierto, y no debe ocultarse. Pero la política exterior no consiste en evitar problemas, sino en elegirlos. España lleva cuatro décadas eligiendo el problema de un vecino que la espía, la chantajea, reivindica su territorio, penetra sus instituciones religiosas y utiliza a seres humanos como munición. El resultado de esa elección se contó en cadáveres frente a Ceuta el 30 de julio.
La alternativa no exige aventuras: exige coherencia.

Apoyo al diálogo sobre el futuro del Rif, exigencia efectiva de derechos humanos, libertad para los presos del Hirak, reconocimiento de la cuestión rifeña como cuestión internacional pendiente de la descolonización. Paso a paso, con la prudencia de los Estados serios — pero en la dirección correcta, por primera vez.
Los muertos de Ceuta merecen algo más que otro ciclo de indignación y olvido. Merecen que Europa nombre la causa de su muerte: un régimen que fabrica desesperados y los usa como proyectiles. Y merecen que España, la nación europea que mejor conoce el Rif, comprenda al fin que su seguridad y la libertad rifeña no son causas distintas.

Son la misma.

Ridouane Oussama es presidente y cofundador del Partido Nacional Rifeño (PNR), organización de la sociedad civil con sede en París y secciones en Bélgica, Países Bajos, España y Francia.