Después de ver este intento frustrado de Golpe de Estado en Venezuela, vamos a ir tirando de hemeroteca y veremos en qué han acabado décadas de injerencia de Estados Unidos en el continente americano. Tras la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, el gobierno de Estados Unidos decidió imponer una nueva versión de la doctrina Monroe que declara que «América es para los americanos».

En este contexto eso significaba que no iban a permitir la implantación de ningún régimen comunista o en otra órbita que no fuera la de Washington, ya que con Cuba ya tenían suficiente. Sin embargo, lo de América para los americanos no se refiere a todos los americanos sino a los estadounidenses, que ven en Hispanoamérica su patio trasero que debe ser controlado ferreamente.

Pues bien, nos vamos a los años 80, concretamente 1981 en El Salvador. Durante los años setenta una serie de movimientos de corte socialista y sandinistas frente a los poderes del estado, controlados por terratenientes y burguesía urbanita, provocaban el inicio de una guerra civil en 1979 y no acabaría hasta 1992. Los contendientes eran el FMLN que aglutinaba a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) en contra del gobierno salvadoreño que tenía al ejército y los escuadrones de la muerte, vinculados a las contras Nicaragüenses.

Obviamente Nicaragua y Cuba apoyaron al FMLN de El Salvador y Estados Unidos al gobierno salvadoreño. Sin embargo la CIA, En la escuela de las américas, Panamá, formó a los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares controlados por los Estados Unidos y el gobierno y cuya función sería hacer un tipo de guerra urbana y rural mucho más dura y sin las limitaciones legales que encuentra un soldado. De hecho estas fuerzas fueron empleadas de forma constante para realizar crímenes de lesa humanidad y matanzas en zonas rurales donde, se creía, podrían encontrar apoyo, logística y refugio los guerrilleros salvadoreños.

La virulencia de estos escuadrones pagados por la CIA de Ronald Reagan en un intento de contener la creación de sistemas socialistas en América Central dejaron un rastro de muerte y destrucción que aún hoy asola estos países donde la postguerra hundió la sociedad, convirtiendo estos países en los más peligrosos, inestables y complicados países del mundo ya que, además, el 80% de sus víctimas fueron civiles inocentes.

La matanza del El Mozote, que fue negada por el gobierno durante años, es uno de los casos más brutales de Centroamérica y de todo el siglo XX, no tienen nada que envidiar a las matanzas de las guerras mundiales o los genocidios llevados a cabo en Siria e Irak por el Daesh.

En este caso, la masacre la llevó acabo el batallón Atlácatl (batallón entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte, Estados Unidos, por las fuerzas especiales estadounidenses y el Segundo Batallón, 505ª de Infantería de la 82.ª División Aerotransportada). Por lo que este batallón dependía directamente de los asesores militares de Estados Unidos y estaban vinculadas a las fuerzas especiales de este país.

El asalto se produjo el 10 de diciembre de 1981 y finalizó el 12 de diciembre, dos días. En apenas esos dos días se exterminó a entre 800 y 1200 personas por parte de este grupos mercenario pagado por Estados Unidos. La operación se llevó a cabo en El Mozote, La Joya y Los Toriles,al  norte del departamento de Morazán, El Salvador.

El objetivo era privar a los guerrilleros salvadoreños de una supuesta base en esta zona, acusando a la población civil de colaborar con los miembros del FMLN. El día que llegaron, el 10 de diciembre de 1981, los miembros del batallón Atlácatl ordenaron a todos los habitantes de El Mozote, que apenas tenía veinticinco casas, una iglesia católica y una escuela, que formaran en la plaza del pueblo y comenzaron las torturas pidiendo información sobre los guerrilleros, oficiales de la CIA estaban presentes y permitieron la posterior matanza.

La madrugada del día 11 de diciembre fueron reunidos de nuevo en la plaza del pueblo los habitantes y separados por sexo, hombres y ancianos a un lado y mujeres y niños a otro, todos fueron interrogados, los hombres y ancianos en la iglesia y las mujeres y niños en una casa. Los interrogatorios se basaron en prácticas de tortura en la cual se violaron mujeres y niños, al acabar las torturas, las victimas eran ejecutadas. Todo ello mientras Ronald Reagan reclamaba estar luchando por la libertad y la democracia de América central.

Ese mismo día 11, el batallón Atlácatl, estaba ejecutando muy cerca de El Mozote, en La Joya, a otras veinte personas usando el mismo método. El 12 de diciembre treinta personas fueron ejecutadas en el caserío La Ranchería y en el caserío los Toriles, el día 13 los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando también fueron ejecutados por este grupo entrenado y financiado por Estados Unidos.

De estas matanzas hay quinientas víctimas identificadas pero varios centenares aún continúan sin identidad, a pesar de la ayuda recibida por el Equipo Argentino de Antropología Forense que, experimentados por sus trabajos en las fosas comunes de la dictadura argentina, determinaron por las pruebas óseas, los orificios de bala y las trayectorias de los proyectiles así como las posición de los huesos, que fueron ejecutados tras ser torturados.

Durante poco más de un mes no se supo nada hasta que algunos supervivientes in extremis pudieron contactar con periodistas y el 27 de enero se publicaron dos reportajes, uno en el The New York Times, que publicó una nota del periodista Raymond Bonner con fotografías de Susan Meiselas y en The Washington Post publicaba otro reportaje de Alma Guillermoprieto con la ayuda de Rufina Amaya, una superviviente de la matanza.

La Casa Blanca, el The Wall Street Journal y el Congreso de Estados Unidos acusó a los periodistas de mentir y, poco después, el gobierno de Estados Unidos aprobó otra partida de dinero para los mercenarios pagados por Estados Unidos en Centroamérica.

Los gobernantes de El Salvador denunciaron a los periodistas como comunistas y tendenciosos con ganas de manchar la imagen del país y negaron, durante años, cualquier matanza en El Mozote.

La negación continuó hasta que en 2012, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a las familias de los ejecutados, reconociendo la veracidad de este terrible crimen después de años de negación.

El 26 de octubre de 1990, el campesino Pedro Chicas Romero, asesorado por funcionarios de la ONU, presentó una denuncia ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó otra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se acusa a la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas ejecutadas en el Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería, cantón Cerro Pando y Los Toriles. (Foto: Wikipedia)

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