Ana Qtella es analista independiente especializada en historia y geopolítica, con énfasis en Oriente Medio y África. Su labor se centra en la investigación y divulgación de temas sensibles —política internacional, conflictos coloniales, seguridad y relaciones de poder— ofreciendo una visión crítica y alejada de los relatos dominantes. Colabora con ECSaharaui, donde aporta análisis incisivos sobre el Sáhara Occidental y la agenda internacional.

Koldo Salazar, director de Otralectura.com tiene el honor de entrevistarla para conocer sus posiciones sobre la terrible ocupación que sufren los saharauis y la naturaleza criminal del régimen marroquí.

Pregunta: Como investigadora y especialista, ¿cuáles son los grandes retos en España para investigar la cuestión del Sáhara Occidental desde la salida de España y la invasión del régimen marroquí?

Respuesta: El principal reto es la manipulación sistemática del tema a través de la propaganda promarroquí, que ha servido durante décadas para justificar el abandono del Sáhara Occidental tras la retirada española en 1975. Lo que se decía entonces, lo que reconocía incluso la propia diplomacia española en esos años, no tiene nada que ver con la narrativa actual, totalmente adulterada para blanquear la ocupación marroquí. El resultado es que el Sáhara se ha convertido en un tema silenciado, casi proscrito en la investigación académica española. Apenas se estudia en universidades, no se enseña en colegios, y muchos españoles de hoy ni siquiera saben qué es el Sáhara Occidental ni cuál fue la responsabilidad directa de España. Ese vacío de conocimiento, alimentado por el silencio institucional y la intoxicación propagandística, es en sí mismo el mayor obstáculo para investigar y comprender de verdad el conflicto.

P: En los últimos tiempos ha vuelto a salir a la palestra la cuestión del Sáhara Occidental, ¿cómo valoras esa revalorización de la cuestión saharaui en la sociedad española?

R: El repunte es evidente y tiene causas muy concretas. La carta de Pedro Sánchez en 2022, entregada en secreto a Mohamed VI, supuso un punto de inflexión: por primera vez la sociedad española vio de forma clara cómo se sacrificaba la legalidad internacional y la dignidad nacional para satisfacer al régimen marroquí. A ello se sumaron los escándalos de Pegasus, el espionaje a líderes españoles y europeos, la corrupción que corroe al PSOE y las consecuencias directas que tiene la falta de soberanía frente a Marruecos: chantajes migratorios, presión sobre Ceuta y Melilla, amenazas sobre Canarias e inseguridad en la frontera sur. Todo esto ha generado un hartazgo social. Cada vez más españoles perciben que Marruecos condiciona la política nacional y que la cesión permanente no trae estabilidad sino más problemas.

A ese malestar se une la labor incansable de activistas saharauis que se dejan la piel defendiendo su causa. Esa combinación ha devuelto el Sáhara a la agenda, no porque los gobiernos lo quieran, sino porque la sociedad y los propios saharauis lo están imponiendo en el debate público.

P: Marruecos tiene un plan claro que comenzó en 1956 con el Rif y ha continuado con el Sáhara Occidental desde 1975 y ya tantea Ceuta, Melilla y las Canarias, ¿es Marruecos una amenaza contra España?

R: Sí, Marruecos es una amenaza. No solo porque mantiene una agenda expansionista desde su independencia en 1956, sino porque ni siquiera tiene sus fronteras fijadas. Basta repasar las declaraciones de altos cargos del Majzén en las que se reivindican abiertamente territorios españoles: Ceuta, Melilla, Canarias e incluso las islas de soberanía frente a Marruecos. No son simples palabras: forman parte de una estrategia de Estado que ha pasado de los hechos consumados en el Sáhara Occidental a una presión permanente sobre España.

Además, Marruecos no es un socio fiable: ha sido implicado en redes de chantaje político en Europa, en el espionaje masivo con Pegasus y se ha beneficiado de los Acuerdos de Abraham a costa de la causa saharaui. No es casualidad que mantenga conflictos abiertos con todos sus vecinos: Argelia, el propio Sáhara, Mauritania en determinados momentos, e incluso tensiones con la Unión Europea. Un país que es enemigo de todos sus vecinos lo es por algo. España debe dejar de engañarse: Marruecos no es un aliado estratégico, sino una potencia hostil que usa la inmigración, la economía y la política como armas de presión.

P: Con toda la literatura de la ONU, Tribunales Internacionales y demás organizaciones y asociaciones internacionales, ya anclada en lo jurídico y favorable al Sáhara Occidental, ¿por qué se intenta convalidar políticamente lo que jurídicamente ya está tasado?

R: Porque Marruecos sabe que jurídicamente no tiene ningún derecho sobre el Sáhara Occidental. El Tribunal Internacional de Justicia en 1975, las resoluciones de la ONU, la Unión Africana y hasta el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que es un territorio pendiente de descolonización y que Marruecos es solo una potencia ocupante.

Al no poder ganar en lo legal, Rabat busca reescribir el conflicto en términos políticos, forzando reconocimientos parciales, comprando voluntades mediante acuerdos económicos y presionando a gobiernos vulnerables como el español. Es la política del hecho consumado: ocupar ilegalmente y luego obligar a negociar sobre esa ocupación, como si fuera legítima.

Y detrás de esta estrategia siempre están los mismos actores: Francia y Estados Unidos. París bloquea cualquier avance real en el Consejo de Seguridad de la ONU y protege diplomáticamente a Marruecos desde hace décadas. Washington, por su parte, considera a Rabat un socio estratégico en el norte de África y lo utiliza como pieza de control en la región. Esta alianza geopolítica es la que mantiene con vida una ocupación que, desde el punto de vista del derecho internacional, está completamente muerta.

P: vemos que a nivel internacional sólo Estados Unidos y Francia han reconocido soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ¿a qué cree que se debe?

R: La clave está en que no se trata de un reconocimiento jurídico, sino de gestos políticos y estratégicos. En el caso de Estados Unidos, el reconocimiento de Trump fue más un movimiento geopolítico vinculado a los Acuerdos de Abraham que una decisión con verdadero respaldo legal. Washington llegó a anunciar que abriría un consulado en Dajla, pero jamás lo ha hecho, lo que demuestra que se trataba de un gesto vacío. Estados Unidos simplemente utiliza a Marruecos como socio estratégico en el norte de África, como plataforma militar y de inteligencia frente al Sahel y el Mediterráneo, pero no ha modificado en nada el marco jurídico internacional.

En cuanto a Francia, sí vincula su respaldo al plan de autonomía marroquí con el marco de la ONU. Macron lo ha expresado claramente: Francia considera el plan marroquí como “la única base seria para una solución negociada conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad”. Es decir, siempre coloca su apoyo dentro de la retórica de Naciones Unidas, porque sabe que sin ese paraguas legal cualquier respaldo quedaría en evidencia como una violación flagrante del derecho internacional.

En definitiva, ni Washington ni París han cambiado la realidad jurídica: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Lo que hacen es usar el tema como herramienta política, en el caso de EE. UU. para mantener a Marruecos en su órbita estratégica, y en el de Francia para asegurar su influencia en el Magreb y en el Sahel.

P: ¿Cómo valora las declaraciones de John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump, a favor del Sáhara Occidental?

R: Las declaraciones de John Bolton son de enorme trascendencia, y le agradezco al entrevistador haber conseguido esa conversación, porque ha servido de referencia para muchos análisis posteriores. Bolton no es un diplomático cualquiera: fue embajador de Estados Unidos ante la ONU, asesor de Seguridad Nacional y, sobre todo, un protagonista directo en las negociaciones del referéndum del Sáhara Occidental.

En su entrevista dejó claro lo que muchos intentan ocultar: que Marruecos ha bloqueado sistemáticamente el referéndum de autodeterminación, que las concesiones económicas en fosfatos y pesca son ilegales, y que todo el aparato de propaganda contra el Polisario —acusaciones de terrorismo, marxismo o vínculos con Irán— es un montaje sin pruebas, diseñado para intoxicar a la opinión pública occidental.

Bolton subraya que en sus múltiples visitas al Sáhara Occidental nunca vio rastro de yihadismo ni de ideologías externas en el Polisario, y eso desarma de raíz las campañas de lobby marroquí en Estados Unidos y Europa. Además, remarca lo que es evidente: la única salida legítima al conflicto pasa por un referéndum real de autodeterminación, que Marruecos bloquea porque sabe perfectamente que lo perdería.

Que un diplomático de su talla, con acceso privilegiado a las negociaciones y a la seguridad nacional estadounidense, haga estas declaraciones no solo refuerza la causa saharaui, sino que desenmascara la propaganda de Rabat en el mismo corazón de Washington.

P: también vemos a Marruecos queriendo vincular al Polisario con grupos terroristas de la región del Sahel como MUYAO, AQMI, Al Qaeda o DAESH, pero ha fracasado. ¿Cómo cree que se desarrollará la campaña marroquí en Europa?, porque en Estados Unidos habrá en breve una votación para saber si se declara al POLISARIO grupo terrorista.

R: La campaña marroquí para criminalizar al Polisario en Europa va a seguir, aunque con poco recorrido real. Marruecos se presenta como un supuesto “controlador del terrorismo”, pero la realidad es mucho más turbia: al mismo tiempo que se ofrece como socio de seguridad a Occidente, exporta una visión salafista del islam que utiliza para controlar a su diáspora en Europa y reforzar su influencia política en comunidades inmigrantes.

En el Sahel y el Magreb hay múltiples informes que señalan cómo, lejos de ser un muro de contención, Marruecos ha jugado con la ambigüedad, instrumentalizando el discurso del terrorismo para legitimarse ante Estados Unidos y la UE, mientras usa el miedo al yihadismo como arma diplomática. El intento de vincular al Polisario con grupos terroristas responde exactamente a esta estrategia: fabricar un enemigo y presentarse como el único garante de seguridad. Pero es una narrativa sin pruebas, desmontada incluso por figuras como John Bolton, que conocieron de cerca el terreno.

En cuanto a la votación en Estados Unidos para declarar al Polisario como grupo terrorista, lo cierto es que tiene muy pocas probabilidades de prosperar. Según los propios sondeos internos, no cuentan con apoyos suficientes. Y aunque hipotéticamente lo consiguieran, es importante recordar que las listas de terrorismo en EE. UU. tienen un fuerte componente político y estratégico: un grupo puede ser incluido o eliminado no por criterios objetivos, sino en función de intereses coyunturales, como se vio en el caso claro de Siria.

P: ¿Cómo valora la gestión española de la crisis del Sáhara Occidental desde 1975?

R: La gestión española del Sáhara Occidental desde 1975 ha sido, en una palabra, vergonzosa. España abandonó a su antigua provincia en plena invasión marroquí, incumpliendo todas sus obligaciones internacionales y dejando a la población saharaui a merced de la guerra, la ocupación y el exilio. Desde entonces, ningún gobierno —ni de izquierdas ni de derechas— ha dado un paso significativo en defensa del derecho del pueblo saharaui.

¿Por qué? Porque no conviene. Los intereses económicos, las redes clientelares, la presión de Estados Unidos y la dependencia energética y migratoria de Marruecos han pesado más que cualquier principio jurídico o moral. Los actores políticos españoles están vendidos a intereses extranjeros: si ni siquiera defienden a los propios españoles, mucho menos van a defender a los saharauis.

La izquierda ha instrumentalizado la causa durante décadas como si fuera suya, reduciéndola a un símbolo para su relato, mientras evitaba cualquier acción real. La derecha, por su parte, la ha despreciado por considerarla una “bandera de la izquierda”. Resultado: cincuenta años de parálisis total, donde nadie ha hecho nada.

La consecuencia es clara: a la clase política española le importa poco o nada la causa saharaui. Ni la justicia internacional, ni el derecho de autodeterminación, ni el vínculo histórico con España han sido suficientes para romper la inercia de la cobardía. El Sáhara sigue siendo la herida colonial abierta de España, y la pasividad española ha convertido a los saharauis en rehenes de los intereses de terceros.