La decisión de Marruecos de cerrar unilateralmente las aduanas de Ceuta y Melilla constituye una grave violación del derecho internacional y de los derechos fundamentales de las personas que habitan en estas ciudades autónomas, así como de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

La Carta de Naciones Unidas y toda la lista de Resoluciones de la ONU (Asamblea General y Consejo de Seguridad) salvaguarda el derecho de los países a ejercer su soberanía.

El hecho de que el Partido Popular, en el marco del ejercicio de la democracia y las libertades en España, cosa inentendible en el régimen absolutista, dictatorial, islamista y totalitario marroquí, tenga una linea de actuación propia en lo relativo al Sáhara Occidental en línea con la ONU y los Acuerdos de Houston (por cierto, firmados por Marruecos). Es un ejercicio de soberanía.

El riesgo existencial al que Pedro Sánchez, cuando de forma totalmente imprudente, envió la carta en la cual apoyaba el plan marroquí de la autonomía para Marruecos, puso a España y a la democracia a merced del régimen tiránico del Sátrapa de Rabat.

La actitud marroquí denota una posición que va en contra del derecho de las naciones.

Una política de presión incompatible con el derecho internacional

Al cerrar las fronteras, Marruecos incumple los principios básicos del comercio internacional, que garantizan la libertad de circulación y el respeto por los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que las partes deben actuar de buena fe y cumplir con sus obligaciones, y ninguna medida unilateral puede fundamentarse en una disputa política sin vulnerar los derechos de las personas y las comunidades afectadas.

De hecho, este medida unilateral no responde siquiera a una actitud estatal ni de gobierno, sino a un acto de un partido que está en la oposición, tal es el nivel de control dictatorial que Marruecos quiere ejercer contra España.

Doctrina de la máxima presión. Sin embargo, España debería denunciar este hecho ante la Organización Mundial del Comercio y solicitar su intervención por más constantes amenazas y cortes injustificados y las reacciones sobredimensionadas de Marruecos cuando, dentro de una democracia consolidada como España, algo le ofende.

No sólo es un acto que va contra el librecomercio, sino que es un castigo colectivo contra población civil ceutí y melillense que se lleva perpetuando en el tiempo y que España debería elevar ante el Tribunal Internacional de Justicia.

La vulneración de los derechos humanos y la criminalización de las comunidades

Ceuta y Melilla son ciudades con población diversa, que incluye comunidades de trabajadores y empresarios transfronterizos y ciudadanos españoles que ven vulnerados sus derechos básicos. La decisión de cerrar las aduanas afecta directamente a estas comunidades, limitando su derecho a la libre circulación, al trabajo y a la vida digna.

El conflicto del Sahara Occidental y las pretensiones territoriales de Marruecos

El acto del Partido Popular por mencionar la posición del partido respecto al Sahara Occidental, un territorio en disputa, no puede ser motivo suficiente para justificar una represalia que viola el derecho internacional y menos, hacer ver que una carta personal de Pedro Sánchez, temeraria y totalmente tóxica para la nación española, inválida a nivel jurídico al no haber pasado los trámites democráticos del Congreso de los Diputados. Marruecos la hace pasar como una declaración que vincula a todos los partidos políticos del hemiciclo y fuera de él.

La ONU, el segundo Plan Baker, los Acuerdos de Houston, toda esa posición legal es la que el PP ha demostrado en su evento, nada más. La acción de Marruecos, al cerrar las aduanas en respuesta, va en contra de estos principios, obstaculiza el proceso de paz, deja claro que Marruecos no es ni aliado ni amigo sino un régimen dictatorial que desea fagocitar y dominar España para tener primacía en el Mediterráneo Occidental.

Un acto que abre la puerta a la escalada de tensiones

Este cierre no solo perjudica el comercio y las relaciones diplomáticas, sino que también alimenta una espiral de tensiones que puede derivar en un deterioro aún mayor de la estabilidad regional. La comunidad internacional debe condenar estas medidas unilaterales y exigir a Marruecos que rectifique, respetando el derecho internacional y los derechos humanos.

En conclusión

La decisión de Marruecos vulnera normas internacionales fundamentales, viola derechos básicos de las comunidades afectadas, siendo un castigo colectivo por un acto que, además no es ni estatal o de gobierno , sino de un partido de la oposición y complica la resolución pacífica del conflicto del Sahara Occidental.

Una reacción sobredimensionada que busca presionar al gobierno español, dominado por Marruecos. Es urgente que España eleve estos ataques directos y la estrategia de guerra irrestricta que Rabat lleva a cabo contra España a la ONU y las organizaciones internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que solicite la mediación de la Organización Mundial del Comercio.

Que se revisen los acuerdos con Marruecos, se expulse a la embajadora marroquí y sus agentes de España y que Madrid comience un acercamiento urgente a países del Magreb y se distance, buscando nuevos mercados y socios, de Marruecos, reduciendo al mínimo el comercio y la inversión y blindando fronteras terrestres y marítimas, expulsando agentes desestabilizadores enviados en pateras (los MENAS y demás ilegales), que son agentes de la guerra irrestricta que Marruecos lleva a cabo dentro de España y que ha logrado desestabilizar la política española, la tensión social y romper el pacto social.

En lugar de recurrir a medidas coercitivas que menoscaban los derechos de civiles inocentes, es imprescindible replantear la posición y las relaciones hispano-marroquíes, imponer a Rabat el respeto que España se merece y el cumplimiento de las obligaciones internacionales.