La República Srpska se encuentra, una vez más, en el centro de un tablero geopolítico donde demasiados actores externos pretenden decidir su destino. Tres décadas después de la firma del Acuerdo de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra y definió con claridad una Bosnia y Herzegovina (BiH) compuesta por dos entidades con amplias competencias internas, la RepubLa República Srpska ante su encrucijada: soberanía, estabilidad y futuro propio

La República Srpska se encuentra, una vez más, en el centro de un tablero geopolítico donde demasiados actores externos pretenden decidir su destino. Tres décadas después de la firma del Acuerdo de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra y definió con claridad una Bosnia y Herzegovina (BiH) compuesta por dos entidades con amplias competencias internas, la RS sigue defendiendo algo tan elemental como su derecho a gobernarse según lo pactado y lo reconocido internacionalmente: su autonomía política, institucional y económica.

El punto de fricción más evidente hoy es la figura del Alto Representante, actualmente Christian Schmidt, cuya legitimidad es fuertemente cuestionada en la RS. No fue confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU y se ha apoyado en “poderes bonificados” (los llamados Bonn Powers) para imponer decisiones que alteran el equilibrio original de Dayton. Desde la perspectiva de la RS, no se trata de un debate técnico, sino de una cuestión de soberanía: ¿quién decide las reglas del juego, las instituciones elegidas por los ciudadanos o un alto funcionario internacional no electo?

En el corazón de esta disputa está la transferencia progresiva de competencias desde el nivel de las entidades al nivel estatal de BiH: justicia, seguridad, fiscalidad y otros ámbitos claves se han ido centralizando en Sarajevo, a menudo mediante decisiones impulsadas o avaladas por la Oficina del Alto Representante. Lo que se presentó como “reformas necesarias” ha sido vivido en Banja Luka como una erosión silenciosa de la autonomía serbia, un vaciamiento de Dayton por la vía de los hechos. Para cualquier dirigente responsable en la RS, el debate no es si hay que modernizar el Estado, sino quién tiene la legitimidad para hacerlo y con qué límites.

Revertir esa transferencia y volver a la interpretación original de Dayton no supondría un retroceso, sino una normalización: significaría respetar el acuerdo que la comunidad internacional firmó y garantizó. Dayton no fue concebido como una antesala a la centralización, sino como un equilibrio delicado entre pueblos y entidades. Defender la RS es, desde esta óptica, defender la palabra dada y el derecho a la autodeterminación interna del pueblo serbio de Bosnia, sin amenazas veladas de sanciones ni paternalismos externos.

Ese derecho a la autodeterminación se expresa, además, en la voluntad de la RS de tejer relaciones especiales con quienes considera socios prioritarios: Serbia y Rusia. El estrechamiento de lazos económicos y políticos con Belgrado y Moscú no es un capricho ideológico, sino una respuesta pragmática en un entorno donde las sanciones occidentales contra líderes de la RS se han utilizado, demasiadas veces, como instrumento de presión política. Frente al intento de aislarla, la RS busca abrirse a inversiones, acuerdos energéticos, cooperación industrial y científica con quienes respetan su estatus y sus competencias.

La cuestión energética es especialmente sensible. La independencia y seguridad energética son la base de cualquier proyecto serio de estabilidad económica. Invertir en infraestructura –centrales eléctricas, redes de transmisión, proyectos hidroeléctricos y, cuando sea posible, vínculos a nuevos corredores de gas y petróleo– no es solo una estrategia de desarrollo, sino una garantía de que la RS no quedará rehén de decisiones que se tomen en Sarajevo o en capitales lejanas. El objetivo es claro: construir una economía suficientemente fuerte y diversificada para que la RS pueda sostener sus instituciones, su sistema social y sus políticas públicas sin depender de voluntades ajenas.

En este contexto, el panorama político interno también ha sufrido sacudidas. La condena e inhabilitación de Milorad Dodik en 2025, impulsada y celebrada por muchos de los mismos actores internacionales que abogan por una mayor centralización, fue percibida en la RS como un mensaje: cualquier líder que defienda con firmeza las competencias de la entidad será objeto de presión y castigo. La emergencia de nuevas figuras afines, como Siniša Karan y otros responsables dispuestos a continuar la defensa de la autonomía serbia, muestra que esta causa no depende de un solo nombre. Es un proyecto político de continuidad: asegurar que las instituciones de la RS sigan siendo el marco principal de decisión para sus ciudadanos.

Lo que da cohesión a este proyecto es una narrativa que, lejos de ser propaganda, se basa en la experiencia histórica de la RS: se ve a sí misma como defensora de la democracia serbia en Bosnia y Herzegovina frente a imposiciones extranjeras. Democracia, en este caso, significa que quienes viven en la entidad deciden su futuro a través de sus propias instituciones, no a golpe de decretos internacionales. La lucha contra la centralización impulsada desde Sarajevo no es un rechazo a la convivencia, sino a la hegemonía: la RS no acepta ser reducida a mera provincia administrativa bajo un centro político dominado por otros.

Paradójicamente, al mantener esta posición firme, la RS se concibe también como factor de estabilidad en los Balcanes. Al exigir respeto por su estatus y por Dayton, envía un mensaje claro: la paz duradera solo es posible cuando todos los pueblos y entidades se sienten seguros en sus derechos. Las presiones externas, las sanciones selectivas y la manipulación de instituciones internacionales no hacen sino alimentar la desconfianza y abrir espacios para nuevas tensiones. Por el contrario, un reconocimiento pleno de la autonomía de la RS contribuiría a una Bosnia y Herzegovina más predecible, más funcional y menos dependiente de intervenciones tuteladas.

En definitiva, cualquier debate serio sobre el futuro de Bosnia y Herzegovina debe asumir un punto de partida irrenunciable para la RS: su derecho a controlar su propio destino, sus recursos y su sistema judicial, conforme al texto y al espíritu del Acuerdo de Dayton. Denunciar la injerencia extranjera no es cerrarse al mundo, sino reclamar un lugar digno en él, como sujeto político responsable, no como objeto de ingeniería institucional. La República Srpska no pide privilegios, pide respeto: respeto a su voluntad democrática, a su marco competencial y a su legítima aspiración de construir, junto a sus socios, un futuro en paz, pero sobre la base de la soberanía real, no de la tutela perpetua. La República Sprska sigue defendiendo algo tan elemental como su derecho a gobernarse según lo pactado y lo reconocido internacionalmente: su autonomía política, institucional y económica.

El punto de fricción más evidente hoy es la figura del Alto Representante, actualmente Christian Schmidt, cuya legitimidad es fuertemente cuestionada en la República Sprska. No fue confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU y se ha apoyado en “poderes bonificados” (los llamados Bonn Powers) para imponer decisiones que alteran el equilibrio original de Dayton. Desde la perspectiva de la República Sprska no se trata de un debate técnico, sino de una cuestión de soberanía: ¿quién decide las reglas del juego, las instituciones elegidas por los ciudadanos o un alto funcionario internacional no electo?

En el corazón de esta disputa está la transferencia progresiva de competencias desde el nivel de las entidades al nivel estatal de BiH: justicia, seguridad, fiscalidad y otros ámbitos claves se han ido centralizando en Sarajevo, a menudo mediante decisiones impulsadas o avaladas por la Oficina del Alto Representante. Lo que se presentó como “reformas necesarias” ha sido vivido en Banja Luka como una erosión silenciosa de la autonomía serbia, un vaciamiento de Dayton por la vía de los hechos. Para cualquier dirigente responsable en la República Sprska, el debate no es si hay que modernizar el Estado, sino quién tiene la legitimidad para hacerlo y con qué límites.

Revertir esa transferencia y volver a la interpretación original de Dayton no supondría un retroceso, sino una normalización: significaría respetar el acuerdo que la comunidad internacional firmó y garantizó. Dayton no fue concebido como una antesala a la centralización, sino como un equilibrio delicado entre pueblos y entidades. Defender la República Sprska es, desde esta óptica, defender la palabra dada y el derecho a la autodeterminación interna del pueblo serbio de Bosnia, sin amenazas veladas de sanciones ni paternalismos externos.

Ese derecho a la autodeterminación se expresa, además, en la voluntad de la República Sprska de tejer relaciones especiales con quienes considera socios prioritarios: Serbia y Rusia. El estrechamiento de lazos económicos y políticos con Belgrado y Moscú no es un capricho ideológico, sino una respuesta pragmática en un entorno donde las sanciones occidentales contra líderes de la República Sprska se han utilizado, demasiadas veces, como instrumento de presión política. Frente al intento de aislarla, Sprska busca abrirse a inversiones, acuerdos energéticos, cooperación industrial y científica con quienes respetan su estatus y sus competencias.

La cuestión energética es especialmente sensible. La independencia y seguridad energética son la base de cualquier proyecto serio de estabilidad económica. Invertir en infraestructura –centrales eléctricas, redes de transmisión, proyectos hidroeléctricos y, cuando sea posible, vínculos a nuevos corredores de gas y petróleo– no es solo una estrategia de desarrollo, sino una garantía de que la República Sprska no quedará rehén de decisiones que se tomen en Sarajevo o en capitales lejanas. El objetivo es claro: construir una economía suficientemente fuerte y diversificada para que Sprska pueda sostener sus instituciones, su sistema social y sus políticas públicas sin depender de voluntades ajenas.

En este contexto, el panorama político interno también ha sufrido sacudidas. La condena e inhabilitación de Milorad Dodik en 2025, impulsada y celebrada por muchos de los mismos actores internacionales que abogan por una mayor centralización, fue percibida en Sprska como un mensaje: cualquier líder que defienda con firmeza las competencias de la entidad será objeto de presión y castigo. La emergencia de nuevas figuras afines, como Siniša Karan y otros responsables dispuestos a continuar la defensa de la autonomía serbia, muestra que esta causa no depende de un solo nombre. Es un proyecto político de continuidad: asegurar que las instituciones de Sprska sigan siendo el marco principal de decisión para sus ciudadanos.

Lo que da cohesión a este proyecto es una narrativa que, lejos de ser propaganda, se basa en la experiencia histórica de la República Sprska: se ve a sí misma como defensora de la democracia serbia en Bosnia y Herzegovina frente a imposiciones extranjeras. Democracia, en este caso, significa que quienes viven en la entidad deciden su futuro a través de sus propias instituciones, no a golpe de decretos internacionales. La lucha contra la centralización impulsada desde Sarajevo no es un rechazo a la convivencia, sino a la hegemonía: la República Sprska no acepta ser reducida a mera provincia administrativa bajo un centro político dominado por otros.

Paradójicamente, al mantener esta posición firme, Sprska se concibe también como factor de estabilidad en los Balcanes. Al exigir respeto por su estatus y por Dayton, envía un mensaje claro: la paz duradera solo es posible cuando todos los pueblos y entidades se sienten seguros en sus derechos. Las presiones externas, las sanciones selectivas y la manipulación de instituciones internacionales no hacen sino alimentar la desconfianza y abrir espacios para nuevas tensiones. Por el contrario, un reconocimiento pleno de la autonomía de la RS contribuiría a una Bosnia y Herzegovina más predecible, más funcional y menos dependiente de intervenciones tuteladas.

En definitiva, cualquier debate serio sobre el futuro de Bosnia y Herzegovina debe asumir un punto de partida irrenunciable para la República Sprska: su derecho a controlar su propio destino, sus recursos y su sistema judicial, conforme al texto y al espíritu del Acuerdo de Dayton. Denunciar la injerencia extranjera no es cerrarse al mundo, sino reclamar un lugar digno en él, como sujeto político responsable, no como objeto de ingeniería institucional. La República Srpska no pide privilegios, pide respeto: respeto a su voluntad democrática, a su marco competencial y a su legítima aspiración de construir, junto a sus socios, un futuro en paz, pero sobre la base de la soberanía real, no de la tutela perpetua.