Escalada sin precedentes en América Latina desata alarma regional y global

Caracas / Washington, 3 de enero de 2026.
En un giro dramático y sin precedentes en la política en Hispanoamérica, Estados Unidos habría lanzado una ofensiva militar directa en territorio venezolano durante la madrugada de hoy, con explosiones reportadas en puntos estratégicos de Caracas y otras zonas del país. Paralelamente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en sus redes sociales la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa en el marco de una operación conjunta con fuerzas de élite.

Aunque el alcance real de la operación, el número de víctimas y la situación del mando político-militar en Venezuela siguen sin definición clara, el episodio ya se perfila como uno de los eventos más desestabilizadores para la región en las últimas décadas.

La ofensiva: explosiones y sobrevuelo de aviones de combate

Testimonios de residentes en Caracas, junto a reportes de prensa internacional, describen una serie de al menos siete grandes explosiones registradas en la capital en las primeras horas de la madrugada.

Entre los objetivos señalados se encuentran:

• Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos militares del país.
• El cuartel y base aérea de La Carlota, en el este de Caracas.
• Infraestructura estratégica en el puerto de La Guaira, vital para el comercio marítimo y el suministro de bienes a la capital.

Vecinos reportaron el sobrevuelo de aeronaves de combate y lo que describen como “ataques de precisión” contra instalaciones militares y logísticas. En redes sociales circularon videos de destellos en el cielo y columnas de humo, aunque su autenticidad no ha podido ser verificada de manera independiente.

Hasta el momento, no se ha difundido un balance oficial de heridos o fallecidos, ni de daños materiales, pero las imágenes preliminares apuntan a un impacto severo sobre la infraestructura militar y de comunicaciones.

Anuncio de Trump: “Maduro ha sido capturado”

En un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, el presidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados y extraídos de territorio venezolano en el marco de una operación secreta que involucró a:

• Fuerzas especiales estadounidenses, incluyendo elementos identificados como Delta Force.
• Unidades de inteligencia y cooperación con aliados regionales (no identificados por nombre).

El mensaje, de fuerte tono triunfalista, enmarcó la operación como “el fin de una dictadura criminal” y “una victoria decisiva contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas visuales ni declaraciones grabadas de Maduro bajo custodia, lo que alimenta dudas, especulaciones y versiones contrapuestas entre partidarios y detractores del gobierno venezolano.

Justificación oficial: narcoterrorismo, drogas y crisis migratoria

La Casa Blanca ha defendido la intervención bajo tres grandes argumentos:

1. Lucha contra el narcoterrorismo: se acusa al gobierno de Maduro de operar como un “régimen narco-autoritario” vinculado a carteles y organizaciones terroristas, con impacto directo en la seguridad continental.
2. Combate al tráfico de drogas: Washington insiste en que Venezuela se ha convertido en un corredor clave del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, con presunto amparo y participación de altos mandos militares y civiles.
3. Crisis migratoria y de seguridad: se argumenta que el éxodo venezolano ha presionado los sistemas de acogida en la región y en la frontera sur de EE. UU., y que la inestabilidad interna venezolana representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

Este marco discursivo intenta conectar la operación con la narrativa de “guerra contra el terrorismo” y de protección fronteriza, buscando apoyo interno en un contexto político estadounidense altamente polarizado.

Reacción del gobierno venezolano: “gravísima agresión militar”

Desde Caracas, las autoridades venezolanas han calificado los hechos como una “gravísima agresión militar imperialista” y han denunciado una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Entre las medidas anunciadas por el gobierno venezolano —o por los mandos que aún se reconocen como autoridad legítima— figuran:

• Movilización nacional general y llamado a la defensa de la patria.
• Activación de planes de defensa territorial con participación de fuerzas armadas y colectivos civiles.
• Denuncias formales ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Movimiento de Países No Alineados.

Al mismo tiempo, se reportan fallas eléctricas extendidas, cortes de comunicación en algunos sectores y una situación de gran confusión entre la población civil, que enfrenta desinformación, rumores cruzados y miedo ante la posibilidad de una guerra abierta.

Impacto en infraestructura: energía, transporte y espacio aéreo

Las explosiones y los presuntos ataques de precisión habrían tenido consecuencias significativas en:

• Redes eléctricas: se reportan apagones parciales en Caracas y otras zonas del país, con sospechas de ataques a subestaciones o centros de control.
• Puertos y logística: el impacto en el puerto de La Guaira podría comprometer el abastecimiento de alimentos, medicinas y bienes esenciales en la capital.
• Espacio aéreo: la FAA (Administración Federal de Aviación) habría cerrado el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales estadounidenses y emitido advertencias para rutas internacionales, lo que afecta el tráfico regional y global.

Las aerolíneas y empresas logísticas ya se encuentran evaluando rutas alternativas, mientras los países vecinos monitorean el posible desbordamiento del conflicto y nuevos flujos de refugiados.

Contexto político en EE. UU.: intervención pese al veto del Senado

La ofensiva se produce solo semanas después de que el Senado de Estados Unidos votara en contra de cualquier intervención militar directa en Venezuela, enviando una señal política clara de rechazo a una escalada armada.

La decisión de avanzar con la operación, pese a ese veto previo, plantea interrogantes críticos:

• ¿Se trató de una acción ejecutiva unilateral, apoyada en interpretaciones amplias de la autoridad del comandante en jefe?
• ¿Hubo operaciones encubiertas iniciadas antes del veto formal del Senado?
• ¿Qué nivel de información y aprobación existió entre los altos mandos del Pentágono y la comunidad de inteligencia?

Este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo podría desencadenar una crisis institucional en Washington, con posibles investigaciones, audiencias y hasta intentos de frenar o revertir la ofensiva.

Reacciones regionales e internacionales

Aunque las posiciones oficiales aún se encuentran en desarrollo, pueden anticiparse líneas probables de respuesta:

• Países aliados de EE. UU.: algunos gobiernos podrían respaldar la narrativa de lucha contra el narcoterrorismo, pero al mismo tiempo mostrarse cautos ante el precedente de una intervención directa sin aval multilateral.
• Aliados de Venezuela (Rusia, China, Irán, entre otros): es previsible una condena contundente y llamados a frenar la agresión, con advertencias sobre la desestabilización del orden internacional y del principio de no intervención.
• Organismos multilaterales: la ONU y la OEA se verán presionadas a pronunciarse y, eventualmente, convocar reuniones de emergencia. Podrían plantearse resoluciones de condena, llamados al cese de hostilidades y exigencias de retorno al cauce diplomático.

La gran incógnita será si algún actor externo está dispuesto a respaldar militarmente al gobierno venezolano o si la respuesta se limitará a presiones políticas, sanciones y apoyo humanitario.