La República Srpska, entidad fundada tras los Acuerdos de Dayton de 1995, encarna hoy un legítimo reclamo histórico y jurídico: el derecho de los serbios de Bosnia a ejercer su autodeterminación en un marco de respeto al derecho internacional. Milorad Dodik, como líder electo de esta entidad, no representa un mero desafío a Sarajevo, sino la voz de un pueblo que busca emanciparse de un sistema disfuncional y de estructuras políticas obsoletas impuestas por una comunidad internacional que, paradójicamente, predica la democracia mientras niega su aplicación a quienes no se alinean con sus intereses geopolíticos. Este artículo analiza las bases jurídicas, históricas y morales que sostienen la aspiración de la República Srpska a la independencia o a una unión soberana con Serbia, así como la necesidad de superar el fracasado modelo de Dayton para garantizar la estabilidad en los Balcanes.

El Derecho a la Autodeterminación en el Derecho Internacional

El principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 1.2) y en pactos internacionales como el PIDCP y el PIDESC, establece que toda comunidad tiene derecho a decidir libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural.

Esto no significa que exista «barra libre» sino una real y jurídicamente tasada situación de marginalidad social, económica y política deliberada y buscada por el poder en contra de un grupo étnico concreto que estaría bajo un sistema opresor, esa es la base de la teoría de la «secesión remedial» que sirve para preservar grupos étnicos oprimidos en lo que Samuel P. Huntington denominaba como «Estados escindidos», ya fuera por la existencia de un estado con estas características históricas, por una ocupación convalidada en el tiempo de forma política como pasa en Palestina o el Sáhara Occidental o por la creación artificial y artificiosa de un estado, este es el caso de Bosnia y Herzegovina, creada a base de un tratado internacional creando un estado inviable e ineficiente por lo que este derecho, aunque históricamente aplicado a contextos coloniales, ha evolucionado para incluir a pueblos sometidos a regímenes opresivos o a estructuras estatales disfuncionales.

La República Srpska cumple con estos criterios. Desde 1995, su población serbia ha coexistido en un sistema bosnio artificial, impuesto por Dayton, que perpetúa la división étnica bajo la fachada de una «federación multiétnica». La realidad es un Estado fracturado, con dos entidades (la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska) y un distrito autónomo (Brčko), gobernado por una burocracia ineficiente y una rotación presidencial que paraliza la toma de decisiones. Este modelo, lejos de fomentar la unidad, ha exacerbado las tensiones al negar a los serbios bosnios el derecho a gestionar sus propias instituciones sin la interferencia de Sarajevo o del Alto Representante Internacional, figura anacrónica que ejerce poderes cuasi coloniales.

Además, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sentó un precedente crucial en 2010 al reconocer que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional. Este fallo, aunque polémico, refuerza la posición de la República Srpska: si a Kosovo se le permitió separarse de Serbia alegando violaciones de derechos, con mayor razón los serbios de Bosnia —víctimas de persecución durante la guerra y marginados en el actual sistema— tienen derecho a buscar su propio camino.

El Fracaso de los Acuerdos de Dayton: Un Sistema Caduco

Los Acuerdos de Dayton, firmados en un contexto posbélico urgente, fueron diseñados como una solución temporal, no como una estructura permanente. Su arquitectura, basada en cuotas étnicas y en un equilibrio de poder frágil, ha demostrado ser inviable a largo plazo. La presidencia tripartita de Bosnia, por ejemplo, requiere consenso entre representantes serbios, croatas y bosniacos para decisiones clave, lo que genera parálisis institucional. Mientras, el Alto Representante Internacional, con poderes para destituir funcionarios y anular leyes, contradice el principio de soberanía y perpetúa la dependencia de actores externos.

Este sistema no solo es ineficiente, sino también injusto. La República Srpska, que aporta el 35% del PIB nacional y cuenta con instituciones propias funcionales (policía, sistema educativo y sanitario), está sujeta a vetos constantes desde Sarajevo, donde los líderes bosniacos insisten en centralizar competencias en áreas clave como la justicia o la defensa. La retórica de la «unidad bosnia» es, en la práctica, un intento de homogenizar un país diverso bajo el dominio de un grupo étnico.

La comunidad internacional, en lugar de actualizar Dayton, ha optado por criminalizar las aspiraciones serbias. Mientras en 2008 respaldó la independencia de Kosovo —una secesión unilateral sin referéndum—, ahora condena a Dodik por impulsar consultas democráticas. Esta doble moral evidencia que el derecho internacional se aplica selectivamente, según los intereses de potencias como Estados Unidos o Alemania.

Hacia una Esfera Serbia: Un Proyecto de Estabilidad

La propuesta de una «esfera serbia» que integre a Serbia, la República Srpska y, eventualmente, a Kosovo —reincorporado a Serbia tras revisar su estatus ilegítimo— no es un delirio nacionalista, sino un proyecto pragmático para garantizar la paz en los Balcanes. Los serbios, como pueblo dividido en múltiples Estados tras la desintegración yugoslava, merecen el mismo derecho a la unidad que alemanes, italianos o albaneses han ejercido históricamente.

Kosovo, cuya independencia fue declarada en 2008 en violación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU —que reconocía la integridad territorial de Serbia—, representa un precedente peligroso. La solución justa pasa por reintegrar Kosovo a Serbia bajo un estatus de autonomía amplia, similar al de Voivodina, mientras se garantizan los derechos de la minoría albanesa.

En este marco, la independencia de la República Srpska —o su unión con Serbia— sería un paso natural. Las encuestas indican que más del 70% de los serbios bosnios apoyan esta opción, y su voluntad ha sido refrendada en urnas con la elección de Dodik. Negar este derecho equivale a condenar a los serbios a ser ciudadanos de segunda en un Estado que los discrimina.

La Hora de la Justicia Histórica

La crisis actual no es solo un pulso entre Banja Luka y Sarajevo; es un debate sobre la vigencia del derecho internacional y la capacidad de los pueblos para decidir su destino. La República Srpska no busca la secesión por capricho, sino como respuesta a décadas de marginación y a un sistema que ahoga su desarrollo.

Los Acuerdos de Dayton, útiles en su momento, deben dar paso a un nuevo orden basado en la libre determinación. La comunidad internacional, en vez de estigmatizar a Dodik, debería mediar un diálogo que permita a los serbios bosnios ejercer su derecho a la autodeterminación, tal como hicieron Montenegro (2006) o Sudán del Sur (2011). Solo así se evitará una escalada de tensiones y se sentarán las bases para una paz duradera en los Balcanes.

La creación de una esfera serbia, con Serbia como núcleo integrador, no es una amenaza, sino una oportunidad. Los serbios, al igual que cualquier otro pueblo, merecen vivir en Estados que reflejen su identidad y aspiraciones. Es hora de que el derecho internacional deje de ser un instrumento de los poderosos y se convierta en un garante real de justicia para todos.