El conflicto del Sáhara Occidental representa un desafío persistente para los principios fundacionales de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la descolonización y el derecho a la autodeterminación. Clasificado como un «territorio no autónomo» desde 1963, el estatus final de esta región sigue siendo una cuestión sin resolver, marcada por un mandato original que, según observadores pro-independencia, permanece incumplido.

Central en este dilema es el destino del Plan de Arreglo de 1991, que estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Su propósito era claro: supervisar un alto el fuego y organizar un referéndum que permitiera al pueblo saharaui elegir entre la independencia o la integración con Marruecos. Sin embargo, como el propio texto subraya, este referéndum «nunca se llevó a cabo», dejando en el aire el derecho inalienable a la autodeterminación que la ONU ha reconocido consistentemente al pueblo saharaui.

La interpretación pro-independencia señala una preocupación creciente por lo que perciben como un desvío de estos principios fundamentales. Recientes resoluciones del Consejo de Seguridad, como la 2797 (2025), que instan a negociaciones para una «solución política mutuamente aceptable», han sido objeto de críticas por parte de varias delegaciones, incluida Argelia. Estas críticas se centran en la aparente priorización de la Propuesta de Autonomía de Marruecos como base para las negociaciones, argumentando que esto «limita la creatividad y la flexibilidad» necesarias y «crea un desequilibrio» al favorecer las ambiciones territoriales de una parte sobre las aspiraciones del pueblo saharaui.

Para los defensores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el derecho a la autodeterminación no es negociable, sino un pilar inamovible del derecho internacional. Esta postura fue reafirmada por delegados como el de Argelia, quien, citando a Woodrow Wilson, enfatizó que «La autodeterminación no es una simple frase; es un principio imperativo de acción». Del mismo modo, Pakistán se abstuvo de votar una resolución específica por considerar que el texto «no aborda plenamente principios importantes, como el principio de autodeterminación», una preocupación compartida por la Federación de Rusia y Guyana, quienes subrayaron la necesidad de una solución que «permita el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación».

La falta de consenso en torno a estas resoluciones se manifestó en las abstenciones de China, Pakistán y la Federación de Rusia, así como en la no participación de Argelia en la votación. Rusia y Argelia calificaron el texto como «desequilibrado», una señal clara de que no lo consideran una base neutral para una resolución justa que satisfaga las legítimas aspiraciones saharauis. Incluso delegados que votaron a favor, como Dinamarca, se apresuraron a aclarar que su voto «no constituye un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental», manteniendo así la cuestión del estatus final abierta y sin prejuzgar el resultado de las negociaciones a favor de Marruecos.

En resumen la independencia de la RASD, dentro del marco de la ONU y su literatura jurídica así como el derecho internacional público, la doctrina (como la doctrina Stimson) o los principios como el Rebus Sic Stantibus sin contar con el dictamen de La Haya de 1975 para el Sáhara Occidental avala de forma constante el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental sin qué sea un riesgo ni sirva de precedente en procesos ilegítimos que vayan contra el derecho interno o el principio de derecho a la integridad territorial sino que, por el contrario, los saharauis no son separatistas sino un pueblo pendiente de descolonización en África.

Aunque desde la diplomacia marroquí se quiera ver el tema como algo complejo en realidad no lo es, este proceso se arraiga firmemente en el derecho a la autodeterminación. A pesar de los esfuerzos por encontrar una «solución política», la persistente crítica internacional y el rechazo a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio subrayan que cualquier resolución duradera y legítima debe, en última instancia, respetar la voluntad del pueblo saharaui. La lucha por la autodeterminación en el Sáhara Occidental sigue siendo, por tanto, una cuestión de principios fundamentales y justicia histórica en el escenario global.

Además, recordemos que el intento de convalidar políticamente una situación jurídica injusta que no se atiene a derecho es lo que prevé la doctrina Stimson con su frase «ex injuria jus no oritur» (actos injustos no pueden crear ley), refiriéndose a la toma unilateral de Manchuria por parte de Japón, situación parecida a la violación de los saharauis por parte del régimen marroquí.