El «Caso Koldo» emerge como uno de los escándalos más graves y sonados de la política española en los últimos años, poniendo en entredicho la integridad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y cuestionando la transparencia en la gestión pública. Este entramado de corrupción revela cómo influencias políticas, intereses económicos y presuntas comisiones ilegales han marcado la gestión de crisis, como la de la pandemia del COVID-19, para beneficiar a determinados grupos y a figuras afines al partido en el poder.

Desde sus primeros indicios en abril de 2022, el caso ha evidenciado una organización criminal que lucró con contratos públicos por valor de 54 millones de euros en condiciones presuntamente irregulares. Logró obtener contratos sin licitación en varias instituciones, aprovechando la emergencia sanitaria para agilizar procesos y propiciar el favorecimiento de ciertos interlocutores políticos y empresariales.

Lo más preocupante es la presunta implicación directa de miembros del PSOE, Santos Cerdán (imputado y ya en prisión provisional, aunque no es el único pero si el de más alto rango político) quienes han visto cómo sus nombres se relacionan de manera indiscutible con un escándalo que pone en duda la ética de quienes deben velar por los intereses de los ciudadanos. La suspensión de militancia de Ábalos y la dimisión de Cerdán no son suficiente para tapar una realidad: el partido se ha visto salpicado por un entramado de corrupción que refleja una falta de control interno y una cierta connivencia con intereses económicos oscuros.

Un PSOE que abanderó la causa contra la prostitución y un Ábalos que llegó a decir que jamás había consumido prostitución y que le daría asco que una mujer estuviera con él por dinero, se descubrió que junto a Koldo, y grabado está, consumían prostitución de forma compulsiva intercambiando, como en un mercado de esclavos, unas por otras.

Además, se apunta a la posible implicación de Pedro Sánchez y otros ministros, algo que agrava aún más la gravedad del asunto. El hecho de que la justicia esté implicando a cargos del más alto nivel del PSOE revela un patrón de gestión basada en el amiguismo y la corrupción estructural, en lugar de un compromiso genuino con la transparencia y la responsabilidad pública.

Este caso no solo evidencia un uso fraudulento de fondos públicos, sino que también pone en evidencia la connivencia de ciertos dirigentes políticos con empresas y sociedades en paraísos fiscales, en un presunto intento de blanquear capitales y esconder delitos. Una red de corrupción que conecta el escándalo con otros casos, como el «Delcygate» o la presunta utilización de contratos irregulares.

La respuesta del PSOE ante estos hechos ha sido insuficiente y tardía, con medidas superficiales que no logran disimular el daño irreparable a la credibilidad de un partido que se presenta como defensores de la justicia social. La creación de comisiones de investigación en Congreso y Senado, aunque necesaria, llega demasiado tarde y no logra despejar la sombra de la corrupción.

En definitiva, el «Caso Koldo» reafirma la necesidad de que las instituciones actúen con contundencia para depurar responsabilidades y devolver la confianza a la ciudadanía. Mientras el PSOE no asuma con transparencia y valentía sus errores, seguirá siendo símbolo de un sistema que ha permitido que la corrupción florezca en su seno, anquilosando aún más la política española y poniendo en riesgo la propia democracia.

Un caso de corrupción que se suma a otros previos también muy duros. Mi pregunta es, si por unos casos similares de corrupción (pues toda corrupción es detestable), pero menos rocambolesca y menos «bajuna», ya que las andanzas de Ábalos, Koldo y Cerdán bien podrían haber sido sacadas de una película de Torrente. Si un caso de ese estilo le costó el puesto a Mariano Rajoy, ¿Por qué no cuesta el puesto a Pedro Sánchez?

En primer lugar por su dominio del timing, del control del partido, de sus maniobras internas haciéndose la víctima, negando todo y cambiando los estatutos del partido para hacerlo más moralista pero, al mismo tiempo, con una legión de periodistas afines, aunque algunos dudaron los primeros días, haciéndole la batalla en otros «flancos progresistas», como el tema de la inmigración ilegal y la delincuencia asociada, la economía etc…

En definitiva, un aparato enrraizado en lo que Errejón decía muy bien, organizaciones paralelas que engrasan la maquinaria del partido en momentos de poder y sirve como administración paralela a la par que, en momentos de pérdida de poder y labores de oposición sirven para realizar actos de «guerrilla política» (a través de sindicatos, huelgas y manifestaciones de diferentes colectivos) y como cuarteles de invierno donde retirar parte de esa élite que no cabe en las esferas internas del partido y deben ser colocados fuera a la espera de nuevos cargos públicos.

Un sistema insostenible, corrupto y que da muestras de agotamiento.